Resumen: La Sala confirma la sentencia del Juzgado, razonando que el alcance que jurídicamente pueda tener esa situación de abuso en la contratación por ser inusualmente larga la duración del contrato administrativo temporal, será determinada por la jurisdicción contencioso-administrativa que deberá aplicar, como viene haciéndolo, las disposiciones normativas y doctrina europea que corresponda, pero no puede acudirse a esta jurisdicción para que, bajo parámetros laborales se analice el alcance que la irregularidad denunciada deba tener. La doctrina expuesta, perfectamente aplicable al caso enjuiciado, permite estimar la excepción de incompetencia de jurisdicción, sin que a ello pueda oponerse la existencia de una normativa y doctrina comunitaria que puedan otorgar determinados efectos a la duración inusualmente larga que una contratación temporal, ya que ello no incide en las reglas de competencia que el derecho interno pueda tener, de forma que no hay razón alguna para atribuir a esta jurisdicción la competencia en relación con la extinción de contratos administrativos temporales del personal al servicio de una administración pública. Por otro lado, para determinar si existe o no una decisión de despido, es preciso establecer primero la naturaleza de la vinculación existente entre las partes, establecimiento que debe residenciarse en el ámbito contencioso administrativo de la jurisdicción, pues la contratación formalizada se soporta en una norma administrativa que la habilita.
Resumen: La Sala asume su competencia para el enjuiciamiento de los hechos, dado el lugar de comisión. Se condena al acusado como responsable de un delito de apropiación indebida por acreditarse que el mismo hizo suyo un dinero de la Federación que presidía, del que podía disponer en su condición de titular de la tarjeta de crédito vinculada a la cuenta de la federación, mediante la realización reintegros que aplicó a fines propios y cargos en la cuenta de gastos por servicios de compras no relacionadas con sus funciones ni con los fines de la federación. No se considera aplicable el subtipo agravado, al ser la cuantía defraudada inferior a 50.000 euros y tampoco el abuso de las relaciones existentes entre la víctima y defraudador, porque la raíz del delito de apropiación indebida se encuentra en el abuso de confianza de que se vale el sujeto activo y en este caso no se identifica una relación entre la Federación perjudicada y el defraudador distinta de la que posibilitaba al acusado manejar los fondos de los que, abusando de la confianza recibida, se apropió. El tiempo transcurrido desde la incoación de la causa, hasta la elevación de la misma, para su enjuiciamiento, a esta Audiencia Provincial excede de la duración que pudiera esperarse para la instrucción de un procedimiento cuyo objeto quedó finalmente reducido a las irregularidades, en un acotado periodo de tiempo, en la gestión y disposición del dinero de la Federación por su parte por lo que se aprecian dilaciones indebidas.
Resumen: La Sala confirma la sentencia de instancia que se declaró incompetente para conocer sobre la extinción de su contrato, razonando que si la contratación se ha suscrito al amparo de la Ley 11/1992, de 20 de enero y del Decreto Foral 68/2009, de 28 de septiembre, en orden a cobertura temporal de una vacante, todas las cuestiones relativas a la concurrencia o no de la causa de la contratación, a su justificación, al alcance de las autorizaciones llevadas a cabo, a su duración etc..., no pueden solventarse ante los órganos jurisdiccionales del orden social, debiendo acudirse a los órganos judiciales del orden contencioso administrativo de la Jurisdicción, circunstancia que, evidentemente también debe predicarse de aquellos casos en los que se discuta sobre la validez de un contrato para la cobertura de determinadas necesidades. De este modo el orden social no es competente para conocer de las vicisitudes correspondientes a una relación administrativa como la enjuiciada, y ello, tanto si se alega fraude derivado de una duración excesiva o si lo alegado se refiere a cualquier otra irregularidad. Por lo dicho, el recurso no debe acogerse, debiendo confirmarse en su totalidad la sentencia recurrida,
Resumen: Tras considerar que no procede la nulidad de actuaciones, y que es cuestión nueva la reapertura del concurso, ya que solo se solicitó en la demanda la suscripción de convenio especial, dice la Sala que la petición es inviable en vía laboral, ya que, si lo que se solicita en demanda es que se condene, a la que era su empleadora Viriato, al concierto de «convenio especial» de conformidad con la previsión del artículo 51.9 ET , y resulta que en fecha de 29/07/19 se dictó auto en el cual se decreta la conclusión del concurso por fin de la fase de liquidación acordándose la extinción de la empresa, procediéndose al cierre de su hoja de inscripción en registros públicos y declarándose aprobada la rendición final de cuentas de la administración concursal (con publicación en el BOE de dicha extinción); si atendemos a ello -se repite-; es evidente que -para este orden jurisdiccional laboral- resulta extinguida la citada entidad y su personalidad jurídica, lo que supone la desaparición de esta entidad y la imposibilidad de ejecución de la citada resolución, por aplicación de los artículos 152 de la Ley de Sociedades Anónimas y sensu contrario del artículo 38 del Código Civil, porque, disuelta conforme a la legislación vigente y aplicados todos los trámites, deviene jurídicamente inexistente y, por lo tanto, no es susceptible de ser condenada en juicio, habida cuenta del absurdo a que nos dirigiríamos, dado que la ejecución sería imposible.
Resumen: La demanda de juicio ordinario tenía por objeto una reclamación de cantidad en virtud de acciones de regreso promovidas contra un codeudor solidario, por razón de un contrato de préstamo. Puesto que no rige en estos casos ningún fuero imperativo, el juzgado al que correspondió la demanda no está autorizado para examinar de oficio su propia competencia territorial, sino que solo podrá hacerlo en virtud de declinatoria oportunamente planteada por la parte demandada. En consecuencia, la Audiencia Provincial resuelve el conflicto declarando la competencia territorial del primer juzgado
Resumen: El examen concordado de los arts. 19, 23 y 26 de la LECrim. conduce a la conclusión de que las partes inculpadas no pueden plantear cuestiones de competencia por inhibitoria o por declinatoria en fase de instrucción, puesto que en el art. 19.6º se establece que sólo podrán hacerlo en los tres primeros días del plazo concedido para calificar, y habrá que entender que las únicas partes que pueden plantear inhibitorias o declinatorias ante el Juez Instructor, según autoriza el art. 26 mencionado, serán el Ministerio Fiscal y el acusador particular, de conformidad con lo dispuesto en los números 4º y 5º del art. 19, y sin perjuicio de la posibilidad concedida en el art. 23 de la LECrim. de plantear la cuestión de competencia ante el Tribunal Superior, lo que será obligado para las partes inculpadas, y potestativa para el Fiscal y el acusador particular. En este caso se rechaza la pretensión del investigado por ser extemporánea, sin perjuicio de lo que pueda determinarse posteriormente, máxime cuando en atención a los hechos denunciados, la denominada teoría de la ubicuidad, por la que resulta territorialmente competente el juzgado de cualquiera de los lugares donde se llevan cabo actuaciones dirigidas a la consumación del delito, no excluye la competencia del Juzgado instructor de la denuncia, donde se iniciaron las actuaciones por los hechos que traen causa en un contrato de permuta on line con entrega de las cosas permutadas en dos diferentes lugares.
Resumen: Recurre la empresa su condena por despido improcedente. Tras rechazar la certificación que la impugnante adjunta a su escrito (al no resultar decisiva para resolver la cuestión planteada) y desestimar también la nulidad de la sentencia que la recurrente vincula a un inobservado déficit de motivación, examina la Sala (desde la condicionante dimensión jurídica que ofrece un irrevisado relato fáctico) el concurso de las causas ETOP reiteradas por la mercantil. Causas que la Sala no considera probadas desde un sucesivo incremento de las ventas; no existiendo, en cualquier caso, una situación de pérdidas actuales y sí beneficios al tiempo en que se inician los trámites del despido. Y siendo ello así tampoco concurre la causa productiva alegada pues habiéndose acreditado aquel incremento se constata un mantenimiento del negocio aun probada que ha sido la menor producción de carne. La combinación de ambas cifras, menos kilos vendidos con incremento del importe de las ventas, también permitiría entender (se concluye) que se ha producido un adecuado ajuste de la actividad de la empresa y la demanda del mercado, sin que la facturación se haya visto afectada por ello. Caducidad de la acción.
Resumen: Los hechos objeto de investigación acaecieron en Oviedo, donde consta el domicilio del investigado, por ser el lugar donde se produjo el presunto apoderamiento del vehículo que tenía en su poder en virtud del contrato de servicio de movilidad suscrito en Gijón, donde tiene su domicilio la entidad. El Juzgado de Siero carece de toda competencia territorial por cuando ninguna actuación relacionada con la consumación del delito denunciado fue desarrollada en dicho partido judicial, salvo la presentación de la denuncia en la que se dice que los hechos ocurrieron en Oviedo, pero en cualquier caso el hecho de que en el domicilio de la empresa se hubiese firmado el contrato, no constituye circunstancia con relevancia jurídico penal en la infracción cometida, dado que no consta que en Gijón hubiesen sido llevados a cabo ninguno de los elementos del tipo delictivo objeto de investigación. El delito de apropiación indebida se comete en el lugar en que el sujeto activo, asumiendo facultades dominicales que no le corresponden, transforma la legítima posesión de la cosa recibida y se adueña de ella incorporándola a su patrimonio o dándole un destino distinto de aquél para el que se recibió o bien negando haberla recibido-siendo el lugar de comisión del delito Oviedo por ser aquel donde el investigado asumió las facultades dominicales que no le correspondían por lo que ni el domicilio de la empresa ni el lugar pactado para la devolución desvirtúan el acto de apropiación llevado a cabo.
Resumen: El Juzgado de instancia estima la excepción de falta de jurisdicción se desestima la demanda interpuesta por una trabajadora contra la CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, debiendo hacer valer su pretensión ante la jurisdicción competente, en este caso la contencioso-administrativa. La Sala analiza el recurso de suplicación de la trabajadora demandante que, en sede jurídica, denuncia la infracción del art. 2.ñ. LRJS, entendiendo que la jurisdicción competente es la social. La Sala razona: a) recuerda los hechos acontecidos y el núcleo de la reclamación, relativo al reconocimiento de una determinada categoría profesional, tras superar un concurso-oposición de promoción interna, siendo la trabajadora personal laboral fijo; b) que, así las cosas, se trata de una reclamación de una trabajadora con contrato laboral en un tema que afecta a sus derechos laborales y contra su empresario, lo que no se desvirtúa por el hecho de que la empleadora sea una Administración Pública; b) que tampoco es óbice a lo anterior la forma que adopte el acto impugnado ni tampoco el recurso que se establezca en dicho acto que cabe contra el mismo porque ello no puede vincular a los efectos que ocupan al destinatario del meritado acto. Se estima el recurso y se revoca la Sentencia recurrida a fin de que por la juzgadora de instancia y con plena libertad de criterio dicte resolución en la que entre conocer la cuestión litigiosa.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada para solicitar la nulidad de las cláusulas de repercusión de gastos al prestatario,de intereses de demora y de comisión por reclamación de posiciones deudoras. El tribunal de apelación desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia recurrida. En primer lugar, el tribunal rechaza resolver sobre la cuantía por vía del recurso de apelación, al no afectar ni a la competencia funcional ni al tipo de procedimiento. En relación con la cláusula gastos, el tribunal considera suficientemente motivada su declaración de abusividad, que se corresponde con los criterios jurisprudenciales establecidos, con estricta distribución de los efectos restitutorios. En relación con la cláusula de intereses de demora, el tribunal también considera correcta su anulación por exceder en más de dos puntos del tipo remuneratorio. Y, en relación con la cláusula de comisión por reclamación de posiciones deudoras, también confirma su abusividad al generarse como un mero automatismo por el pago de cualquier posición deudora.
